Posacuerdos: cien días, cuatro posturas. Por: Luis Humberto Hernández

Fuente: Agencia de Noticias UN

El presente articulo es elaborado por Luis Humberto Hernández, Profesor de la Facultad de Derecho, Ciencia Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional. Director del observatorio de Análisis de Coyuntura el NUEVO TOPO. 

Introducción.

Al cumplirse los 100 días de algún evento significativo es costumbre hacer reflexiones en clave de explicar lo acontecido e indicar su posible devenir. En ese sentido se arriesga el siguiente ensayo, que tiene en cuenta la firma del acuerdo de paz, -el 24 de noviembre del 2016-, entre el Establecimiento político colombiano y la Insurgencia de las FARC-EP

Para su efecto se apuesta la existencia de cuatro posturas-tipo entre los actores políticos del país: la Gatopardista Ultramontana, La Pacificadora o Pro-Paz, la Jacobinista Montañista, y la Líquida Variopinta.

La Gatopardista Ultramontana tiene su significación en la paradoja denominada “Gatopardista”, expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) cuya cita original expresa la siguiente contradicción aparente: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie", que en la jerga de las ciencias políticas se resume en el “cambiar todo para que nada cambie”.  El adjetivo ultramontano alude a la palabra que comenzó a utilizarse para referirse a personas o regiones «fielmente católicas», que durante el siglo XVIII ilustrado, eran partidarios de los privilegios de la Santa Sede en contra de las políticas anticlericales que adelantaban Francia, Alemania y otros países europeos que transitaban hacia el liberalismo político. Durante la Revolución francesa de 1789, se utilizó para referirse al tipo de Estado católico anterior a la revolución, frontalmente opuesto al nuevo Estado laico que propende por la separación total de la Iglesia católica y con plena libertad de conciencia y de culto.

La Pacificadora o Pro-Paz. Se entiende por pacificador el que pacifica, tranquiliza, calma, o sosiega, entre otros. En nuestra historia política se identifica con Pablo Morillo quien es enviado en 1814 por la Corona española para poner orden al proceso de emancipación que se había iniciado a principios del siglo XIX; su campaña de reconquista conocida como el Régimen del Terror, lleva al cadalso a personajes como, Camilo Torres Tenorio, Liborio Mejía, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Villavicencio, José María Carbonell y Francisco José de Caldas cuyo fusilamiento hizo celebre la frase del pacificador: “España no necesita de sabios”. Morillo, a quién se le asocia con “la brillantez militar y la tontería política”. (Revista SEMANA, 2016 ).

Pero el concepto plural pacificadores, se identifica con quienes en los diversos conflictos y procesos de solución -sobre todo en los conflictos modernos como Vietnam-, se han constituido en activistas y actores voluntarios, que promueven su solución negociada. Los caracteriza su composición diversa: económica, politica, social y cultural, desde personalidades como Mohamed Alí, Mahatma Gandhi, el Dalái Lama, Martin Luther King, Nelson Mandela, José Mojica, hasta países como Suecia y Noruega, organizaciones del orden mundial como La Organización Mundial por la Paz OMPP WOFP, y grupos musicales como los Beatles quienes hicieron famosa la canción Give Peace a Chance, que se convertiría en un himno pacifista. Dentro de estos promotores de paz, -y aunque parezca paradójico-, son actores de primera línea los mismos actores armados, pues sin su disposición o voluntad política de silenciar las armas ningún proceso de paz es posible, como bien lo demuestra la historia politica.  

La Jacobinista montañés. Los jacobinos eran los miembros del grupo político de la Revolución francesa llamado Club de los Jacobinos, cuya sede se encontraba en París, en el convento de los frailes dominicos de la calle Saint-Honoré. Los jacobinos impusieron el denominado por la historia tradicional como periodo del Terror, e hicieron uso de su poder en el Comité de Salvación Pública. Se considera que si bien hubo una relativa unanimidad entre los jacobinos en sus principios, sus divergencias se fueron agudizando llevándose ellos mismos a la guillotina. Por un lado, los hebertistas de composición heterogéneo y sólo parcialmente jacobino, eran los más radicales, controlaban la Comuna y el gobierno local de París; fueron desbordados por su ala más izquierda, en cabeza de Robespierre y Saint-Just quienes consiguieron del tribunal revolucionario la detención y ejecución de su cabeza más visible, Jacques-René Hébert, así como de algunos de sus seguidores. De otra parte está Danton, que evoluciona hacia posturas negociadoras con el enemigo y con la aristocracia francesa, para lograr la paz y detener la guerra. Cuando intentó detener los desbordamientos de la represión “terrorista”, los hebertistas lo arrestaron y lo ejecutaron junto con Camille Desmoulins, sin que Robespierre pudiese impedirlo. La dictadura de los Comités se intensificó al punto que el mismo Robespierre terminó apareciendo cada vez más como un moderado, incapaz de frenar la deriva violenta de los Comités liderados por Collot d’Herbois, Barère de Vieuzac y Billaud-Varenne. Una parte de los miembros de los jacobinos se conocen como montañeros o montañeses, porque acostumbraban a sentarse en los bancos más altos de la Asamblea, mientras que los grupos que se sentaban en la parte baja fueron conocidos como "la Llanura" o "el Pantano". (Wikipedia, 2018)

La Líquida Variopinta. La palabra Liquida, en este caso, alude a la metáfora propuesta por Zygmunt Bauman que intenta dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, de un tiempo sin certeza, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones; característicos de una sociedad liquida, siempre cambiante e incierta y cada vez más imprevisible en plena decadencia de un Estado de bienestar. Sociedad en la cual los hombres y las mujeres se encuentran con la obligación de ser libres asumiendo los miedos y angustias que tal libertad comporta, en donde la cultura de la flexibilidad laboral pone en jaque la previsión del futuro. (Rocca, 2008, Marzo 19). La palabra Variopinta hace referencia a la diversidad o abigarrado  de un espectro conformado por elementos de muy diversas características.  

A partir de esas cuatro posturas-tipo se ubican los diversos actores del país en torno al proceso de paz, y  se apuestan sus posibles acciones políticas frente a los posacuerdos. En su efecto se parte por referenciar como contexto histórico al régimen Frentenacionalista que, en consideración del autor, ha estado y está al centro de los procesos de negociación llevados a cabo en el país con la insurgencia, marcando la pauta de su suerte en el porvenir del siglo XXI.

También se considera que el devenir y alcance del actual proceso de paz está mediado y condicionado por la elecciones a realizarse en este año 2018, atado al carácter que reviste el régimen político, y, con singular significación de  Venezuela -protagonista de los vaivenes políticos que vive Latinoamérica desde fines del siglo pasado-, en medio de un  mundo en transición desde los años setenta del siglo pasado, hacia una nueva fase civilizatoria sustentada en una matriz energética limpia y el nuevo giro comunicacional procurado por la Internet.   

El marco histórico- político del Frentenacionalismo.

Por los pronunciamientos oficiales de los negociadores del Establecimiento y de las FARC-EP en la Habana, el Régimen Político no apareció explícitamente como objeto de sus conversaciones, -como si hubiese pasado desapercibido-, cuando era precisamente la razón fundamental de sus entendederas, es decir, almendra del asunto, marcador del principio y fin de su conflicto.

Un régimen político, lo entendemos como una disposición de factores que hace posible el establecimiento, funcionamiento y regulación de determinado sistema, y, la política, como la gestión y toma de decisiones relacionada con los asuntos públicos por parte de las Coaliciones de actores de poder, constituidas alrededor de sus creencias, intereses, valores y aprendizajes, entre otros.  Aspectos condensados en un conjunto de instituciones como las organizaciones políticas y las leyes, que en conjunto se organizan como Estado, conducido en concreto por un Gobierno.  Un Régimen conjunta la dicotomía Consenso-Coerción de la que no puede prescindir, al ser las instituciones estatales las que monopolizan la fuerza, y hegemonizan el consenso de sus miembros, que aceptan ese ejercicio del poder de manera normal e interiorizada. (Vargas, 2001. )

En ese marco, se supone que en las negociaciones de la Habana se asistió a los funerales del Régimen Frentenacionalista colombiano. Un régimen que, por sus características y su larga historia anidó el conflicto centenario de violencia en el país y que, en su fase contemporánea, gatilló la existencia de los actores socio-políticos más reciente: la insurgencia guerrillera.

Contrario a las formalidades jurídicas, el conocido oficialmente como Frente Nacional: 1958-1974, histórica y políticamente desborda, hacia atrás y hacia adelante, esa consideración periódica.

Definido como una “coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia” ( Banco de la República, 2015), sus orígenes los encontramos en el siglo XIX, cuando por primera vez en la historia del país Liberales Radicales y Conservadores, enfrascados entonces en el conflicto armado de 1851, se coalicionan en 1854 para derrocar al General José María Melo (Luján, 1989) (Martínez, 1972). Una situación que se va a repetir cien años después, en 1956, cuando el partido liberal y conservadores laureanistas, trenzados desde antes de 1948 en la violencia bipartidista, luego de avalar un Golpe de Estado (1953), constituyen un “Frente Civil” para desmontar la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, estableciendo formalmente el régimen Frentenacionalista. Señalaba al respecto el sacerdote Camilo Torres que:

El Frente Nacional es el resultado de la racionalización de un conflicto. Conflicto sentimental y conflicto por el manejo del presupuesto y repartición del botín burocrático…el Frente Nacional, que como primer partido de clase en Colombia constituye un hecho trascendental en nuestra historia política (Torres, 1996);

O como lo precisaba la Cámara de Representantes de entonces “Colombia no puede tener por más tiempo dos castas políticas en continua batalla, ni dos clases sociales que no sientan entre ellas el vínculo de la fraternidad en la desgracia, de la amistad en todo el tiempo” (Vázquez, 1992, pág. 148).  En ese sentido, fue un sistema de gobierno bipartidista en donde sus dos facciones deciden alternase el poder presidencial, -por decreto jurídico- por 16 años, como “un instrumento para retener el poder político en manos de los dirigentes tradicionales” (González, 1997, pág. 184). El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, con la elección del liberal Alberto Lleras Camargo, en lo que se puede considerar su onda corta jurídica que va hasta 1974, pero que alcanza su onda larga política en 1994, cuando es elegido por primera vez en el país, -en el marco de la Nueva Constitución-, como alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, quien se había lanzado como un candidato independiente. El elegido es alguien que no representa los partidos tradicionales Liberal y Conservador, dos colectividades tradicionales, venidas a menos, al verse desbordadas en sus aspiraciones electorales por una pléyade de empresas electorales personalizadas.   

De las principales características del Régimen frentenacionalista se destaca: “un recurrente proceso de acomodación de elementos modernos en el seno de prácticas tradicionales, persistiendo una situación cuasipermanente de déficit de gobernabilidad” (Vargas, 1999, págs. 217-218). (Hartlyn, 1993) En sus prácticas se anidan la exclusión y   el clientelismo asociado a la corrupción (Cruz, 2004). El clientelismo es entendido como la apropiación privada de recursos oficiales con fines políticos, ejercida por medio de una red de relaciones sociales de tipo clientelar, que regulan las relaciones políticas de la sociedad. En Colombia se relaciona con las deficiencias del carácter contractual del Estado, al no poder suplir todas las demandas sociales ni absorber todos sus conflictos. Una práctica que, era un ingrediente del régimen antes de 1958, se constituye desde entonces en su principal nervio  (Leal, 2010).  De otra parte, el Frente Nacional “activó la vida política del país, pero por exclusión… La oposición fue proscrita. Incluso la conciliadora (o legal) que no iba más allá de reponer rectificaciones al nuevo sistema político”. (Ayala, 1999). Y es precisamente por la exclusión de campesinos liberales de la reforma agraria, propuesta por Alfonso López Pumarejo de los años treinta, que se originan las guerrillas liberales, que devendrán en 1964 en las Farc. Como por la disidencia del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), opuesta en los años sesenta al pacto frentenacionalista, que se potencia la aparición del ELN; y, por el fraude electoral de 1970 contra el General Pinilla, que se habilita la aparición del M-19. Pero no solo se trataba de la exclusión política sino también económica, social, regional, étnica, cultural y de género, pues los modelos de desarrollo económico implementados excluyen a importantes grupos sociales de sus beneficios, y ceba la aparición del narcotráfico. Una situación que llega al límite con la acción ejercida por diversos actores para eliminar física, simbólica o espacialmente todo tipo de oposición a las propuestas de desarrollo en curso o de diferencia política (Vargas. 1999); al punto de considerarse que, en Colombia “es más fácil crear una guerrilla que un sindicato… Toda movilización o protesta se ve como un acto subversivo dirigido a desestabilizar las instituciones democráticas y, por tanto, se le da tratamiento de orden público”  (NULLVALUE, 2001).

Esa exclusión centenaria empieza a ser jaqueada con la expedición de la Carta de 1991, que al decir de los grupos étnicos,

[...] permitió la inclusión de fuerzas políticas diferentes de las tradicionales. El país, acostumbrado a la monotonía bipartidista que había marcado la pauta de la representación política desde los inicios de la vida republicana, se sorprendió al reconocer como representantes de la ciudadanía colombiana a miembros de las fuerzas políticas de izquierda, representantes de los pueblos indígenas y líderes del mundo académico y social” (Observatorio de territorios étnicos y campesinos, 2012).

Ese Régimen estuvo enmarcado internacionalmente en la guerra fría, cobijado en la doctrina norteamericana de la Seguridad Nacional, y amparado por la política anticubana de la Alianza para el Progreso. Todas ellas venidas a menos en el momento actual.

Por lo dicho, el proceso de los posacuerdos pone al centro la participación de la sociedad en el marco de un nuevo régimen político, acorde con la dinámica de un mundo de cara a una nueva fase civilizatoria. Un nuevo régimen, como reza la Carta Magna, que por vía de las políticas públicas genere las condiciones que permitan el despliegue inteligente e imaginativo de los gobernados, reordene en consecuencia el territorio y haga real su condición de Estado social de derechos, que consolidando la Nación la haga protagonista en el ámbito Latinoamericano y Mundial. Esto constituye lo deseable de los posacuerdos, pero que en una realidad como la colombiana, donde lo que parece imposible es posible, el paso adelante dado por los acuerdos puede llegar a traducirse en dos pasos atrás en la historia, y que en este ejercicio no es precisamente una impostura.     

Posturas: apuestas y prospectivas.

1.         La Gatopardista Ultramontana. Esta apuesta es la menos proclive a la implementación de los acuerdos firmados, y, si por obvias razones ya no puede echar atrás el proceso, si tercia porque los logros sobre lo acordado sean lo mínimo posible. En ella podemos ubicar dos variantes, una dura y otra moderada.

La variante dura o radical está representada por el Centro Democrático que en su Propuesta Diálogos de Paz sin afectar la Institucionalidad Democrática, publicado en el 2015, señala, entre otros: que el proceso es un debilitamiento de lucha contra el terrorismo, que ha ocasionado un deterioro a la seguridad del país. Un proceso que ha humillado, confundido y desmotivado a las fuerzas armadas al ser igualadas con los terroristas. Que ha implicado riesgos a la inversión privada, y cuyo Acuerdo Marco permite negociarlo todo, como el desarrollo rural del país que entraña grandes riesgos para la vida rural. Que el acuerdo exagera la participación comunitaria, con injerencia en el diseño de las políticas públicas, en el uso de la tierra y de la propiedad, afectando al empresariado agropecuario. 

Que la nueva institucionalidad considerada impide el fortalecimiento de la gran producción agropecuaria, y atenta contra la inversión extranjera. También, que el marco de autonomía municipal considerado, permite el control político de la guerrilla en sus zonas de influencia. En junio de 2017 su principal vocero el senador Álvaro Uribe expresaba en el Foro Nueva Economía, realizado en España, que si el Centro Democrático ganaba las elecciones presidenciales en el 2018 no eliminarían los acuerdos, pero sí los modificarían, haciendo énfasis en uno de sus argumentos más frecuentes para oponerse a los acuerdos: la preocupación por que Colombia se “convierta en una segunda Venezuela”. En el mismo sentido, enjuicia el denominado Fast Track -un mecanismo que permitió iniciar trámites parlamentarios rápidos para aprobar las leyes y reformas necesarias para implementar el acuerdo de paz- porque invita a la corrupción. Critica la figura de la justicia transicional porque llevaría a la sustitución del poder judicial por magistrados con militancia política afín al Gobierno y cuyos fallos no los puede aplicar la justicia ordinaria, lo que en conjunto lleva a la destrucción del Estado democrático; en fin, que en nombre de la paz se va a conducir a Colombia a una economía privada anémica con tintes chavistas.

Junto al senador Álvaro Uribe su principal vocero, de este núcleo forman parte los miembros del Centro Democrático: Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, Fernando Londoño, Iván Duque,  Ernesto Macías, Ernesto Yamhure, María del Rosario Guerra, Rafael Nieto, Everth Bustamante García  y Alfredo Rangel; Andrés Pastrana del partido conservador, Marta Lucia Ramírez, Fernando Araujo, Carlos Holguín Sardi y Jorge Hernando Pedraza de Por Una Colombia Fuerte y Honesta, y las organizaciones políticas: Partido Opción Ciudadana en cabeza de Ángel Alirio Moreno; el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA)  de Carlos Alberto Baena;  SOMOS  liderado por Viviane Morales (antes  ALAS equipo Colombia). El ex-Procurador Alejandro Ordoñez, como el sector más tradicional y no menos significativo de la Iglesia Católica. 

La tendencia moderada de esta postura se presenta ambigua frente a los acuerdos, pues si bien no se les opone explícitamente se manifiesta reticente y condiciona su implementación. A quien podemos considerar su principal vocero, el señor Germán Vargas Lleras del partido Cambio Radical, -candidato a la presidencia para las elecciones del 2018, considera que los miembros de las Farc antes de hacer política, deben acudir a los tribunales de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a contar la plena verdad. Que dentro del concepto de la delación plena debe incluirse la denuncia de los testaferros, y la declaración total por parte de las Farc de los bienes que tengan dentro y fuera del país. Que tampoco se puede aceptar que a través de un alto tribunal se vaya a procesar a todo el sector productivo de este país, a los contradictores políticos, a los partidos; o que el sistema de justicia transicional, que va a reducir penas y otorgar beneficios, no cobije a todas las partes del conflicto, incluyendo los involucrados en los falsos positivos. Que pretendan las Farc montar una estrategia para llevar al expresidente Álvaro Uribe a la Justicia Transicional. (Semana.com, 2017 )

Además del Candidato Vargas Lleras secundan esta vertiente los miembros de Cambio Radical: Germán Barón, Claudia Rodríguez de Castellanos, Luis Felipe Henao, Arturo Char, Carlos Fernando Galán, Jorge Enrique Vélez, como sectores y personalidades políticas del Partido Social de la Unidad Nacional -en cabeza del Presidente Santos-, y del mismo liberalismo, que saldrán del closet una vez arrecie y se perfile el proceso electoral.

Esta postura que hemos denominado gatopardista, tiene en su haber, el renacimiento en el mundo de las opciones alinderadas a la derecha radical del espectro político, que emerge como una traviesa fascista en medio de la nueva fase civilizatoria que despunta en el mundo. También, la cercanía al proceso venezolano que impacta la opinión pública, redimensionada por los medios y comunicadores sociales opuestos al proceso. Y, aunque venido a menos, -por los acontecimientos recientes relacionadas con las denuncias diversas que señalan a su vocero como su principal protagonista-, siguen resonando con significativo impacto entre sectores de la población los remantes del fenómeno uribista.   Innegable que las pretensiones de este núcleo siguen ancladas en las creencias, valores y prácticas políticas características del régimen frentenacionalista, que los induce a obrar en contra de los acuerdos.

En prospectiva y de cara al proceso electoral, -decisivo en el porvenir inmediato de los acuerdos-, esta postura es la más opcionada, si se sella una alianza final entre Vargas Lleras y el uribismo, manifiesta públicamente por el candidato en su disposición “a reunirse con el expresidente Álvaro Uribe y todo aquel que quiera evitar que la izquierda colombiana lleve al país por el mismo camino del vecino país” (COLPRENSA, 2018).  Una situación que nos resulta inquietante, al verse coalicionados Vargas Lleras -protegido del presidente Santos y quien seguramente lo votará-, con Álvaro Uribe, formalmente declarado su enemigo político. De llegar a gobernar a partir del 2018, el país estará asistiendo a la prolongación de la agonía frentenacionalista y su impronta gatopardista, de “cambiar todo para que nada cambie”, que desconoce cualquier responsabilidad en el conflicto y cuyo único objetivo de la negociación y los posacuerdos es el desarme de los insurrectos, la entrega de sus propiedades y su condena de jure y de facto.

2. La Pacificadora o Pro-Paz. Esta apuesta se presenta como promotora y defensora de la implementación de los acuerdos del proceso de paz. En ella podemos ubicar un núcleo duro y una vertiente independiente del mismo, proclives a la consolidación del proceso de la paz en el país.

El núcleo duro lo representa el partido surgido de los acuerdos: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), por razón propia defensora del acuerdo suscrito el 24 de noviembre del 2017. A su lado, La Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y Fuerza Alternativa. El acuerdo que comprende seis puntos, y con los que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz efectiva, estable y duradera para Colombia. Son ellos: 1. La reforma Rural integral 2. Participación politica: Apertura democrática para construir la paz 3. Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y la dejación de armas. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 5. Víctimas y 6. Mecanismos de implementación y verificación. (Díaz, 2017). Con la entrega el día 27 de junio de 2017 de un total de 7.132 armas por parte de las FARC-EP, se da por culminado el punto 3; y con la realización del plebiscito el 2 de octubre de 2016, y sucesos posteriores, se hizo efectivo el punto 6 sobre los Mecanismos de refrendación. Los tropiezos se dan alrededor de los otros puntos que, según la Farc, no se han cumplido por parte del gobierno; y que según el informe ¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir los Acuerdos de Paz? del  Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP), en el primer año solo se ha cumplido el 18 por ciento de lo pactado. Como que se ha mantenido un marco de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos más de dos docenas de excombatientes, colaboradores o familiares; y que la jurisdicción de la Justicia Especial de Paz (JEP) no ha podido aprobarse por falta de quórum en las últimas sesiones en el Congreso. (Telesur, 2018)

En ese escenario la Farc hace pública su participación en las elecciones con candidatos propios para la Presidencia y el Congreso de la República, dando así paso a su decisión de optar por la vía política legal. Durante su lanzamiento exige al Congreso y a toda la institucionalidad del Estado ceñirse estrictamente a lo determinado por la Corte Constitucional y no variar más, ni en una coma, el Acuerdo Final de Paz. Lanzan como Candidato a la presidencia de la República a su máximo dirigente Rodrigo Londoño Echeverry, (Timochenko), acompañado por Imelda Daza Cote como candidata a la Vicepresidencia. Postulan para el Senado de la República a Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramírez y Benkos Biojó; y para la Cámara de Representantes por Bogotá D.C a Byron Yepes; por Antioquia a Olmedo Ruíz; por el Valle del Cauca a Marco León Calarcá, por el Atlántico a Jesús Santrich, y por Santander a Jairo Quintero. (FARC-EP, 2018).

Es innegable para cualquier observador independiente, reconocer que la situación para las Farc no es nada expedita para consolidar los objetivos que contienen los acuerdos. No les va a resultar nada fácil construir el consenso necesario para tal efecto, -que vaya más allá de sus áreas de influencia-, pues deben sortear las ojerizas propias y ajenas que tercian en su contra. Unido lo anterior, la necesidad y obligación que tienen de mantener y consolidar las zonas de paz y, en ellas, a sus militantes tentados a la diáspora por las más variadas razones. Es difícil creer que estos retos no formaran parte de su cálculo en el momento de tomar la audaz decisión de apostarle su proyecto de vida y político a la negociación. Innegable que fueron objeto de su conocimiento las experiencias históricas de las guerrillas liberales y recientes del M-19- y de Renovación socialista, en donde consta el asesinato de algunos de los desmovilizados y el incumplimiento de buena parte de los acuerdos. Y si cincuenta años atrás había sido un riesgo empuñar las armas, no menos arriesgada les iba resultar hacer pender su existencia del poder de la palabra y del ejemplo de nuevas prácticas políticas.

De otra parte, la vertiente independiente proclive a la consolidación del proceso de la paz se encarna en la figura de Humberto de la Calle, -negociador del proceso y candidato a la Primera Magistratura por el partido liberal-, para quien los logros del posacuerdo se constituye en su mayor reto, y demostración de la validez política de lo acordado por él mismo.  Junto a él encontramos un arco iris de organizaciones y personalidades políticas, sociales, académicas y culturales diversas, que le apuestan al proceso por la necesidad histórica que le asiste al país de consolidarse en una nación en la que conviva y se aliente la diferencia sin violentarse, en un proceso que consolide, como decía Estanislao Zuleta: “una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz”. En un proceso que clausure definitivamente la violencia centenaria que caracteriza nuestra historia.

      

En esta vertiente se destaca un sector del partido liberal en cabeza de su candidato Humberto de La Calle y Clara López, Horacio Serpa, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras y Héctor Riveros. El Polo Democrático Alternativo liderado por Jorge Robledo, Iván Cepeda, Alexander López, Carlos German Vargas Talero,  Alirio Uribe, Víctor Javier Correa; la Alianza Verde de Claudia Nayibe López Hernández,  Antonio José Navarro Wolff,  Jorge Iván Ospina Gómez,  Jorge Eliécer Prieto Riveros e Iván Leónidas Name Vásquez; la Alianza Social independiente (ASI); El Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS); Las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); El Partido de Integración Social (PAIS),  y la alianza Social Afrocolombiana (ASA). Armando Benedetti del partido de la U. El candidato presidencial por la coalición Colombia, Sergio Fajardo, y el candidato independiente Gustavo Petro. También participan las organizaciones de trabajadores como la CUT y la USO, entre otros. Los empresarios por la paz entre quienes se cuentan Andrés Restrepo Londoño, Eugenio Marulanda, José Fernando Isaza, Juan Sebastián Betancur, Ana Mercedes Gómez, César González, Álvaro Dávila, Jorge Ramírez Ocampo, Gabriel Rosas Vega y Juan Manuel Ospina. Los representantes del grupo de guerrilleros de las Farc, -quienes en un gesto unilateral de confianza en los diálogos fueron indultados por el gobierno previamente a los acuerdos- y afirman convertirse en promotores de paz. Grupos como AGAPE por Colombia que promociona agentes de paz entre quienes han sido víctimas del conflicto, la Red de artistas por la paz en Colombia.  La Alianza de Universidades por la Paz, y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, entre otros.    

Esta postura pacificadora o pro-paz tiene en su haber, la disposición que manifiesta a favor de los acuerdos un sector de las denominadas clases medias urbanas; el eclipse de los restos del frentenacionalismo y en consecuencia la decadencia de la clase politica tradicional que devela sus prácticas corruptas. El debilitamiento del modelo socioeconómico a raíz de la crisis mundial del 2008 y 2015, y la necesidad nuevamente de la intervención del Estado.  El cambio generacional que propende por darle salida a los asuntos inmediatos de su razón vital, impactada por el giro comunicacional que genera la internet. La disputa que desde fines del siglo XX se da en Latinoamérica entre la izquierda y la derecha, y, a la que lenta pero inexorablemente va confluyendo la vida política del país.       

La posibilidad que muestra está postura por contribuir en la consolidación y cualificación del proceso de paz, depende de su actividad politica, su movilidad social y su ejercicio académico permanentes. Sus agentes políticos tienen en la coyuntura electoral su oportunidad de oro para demostrar su inteligencia y compromiso real con la sociedad colombiana, pero que solo es viable si son capaces de ir unificados al ejercicio electoral, e incidir de esa manera sobre el grueso de la apuesta Líquida Variopinta y sobre la Jacobina misma.

Pero como están sus cosas: ¡amanecerá y veremos!        

   

3. La Jacobinista Montañista. Esta postura se resiste a adelantar diálogos que lleven a la consolidación de un proceso de paz en el país. La encarna el Ejército de Liberación Nacional (ELN), reductos del Ejército Popular de Liberación (EPL) y grupos de las FARC-EP disidentes de sus acuerdos. Políticamente se puede considerar que la fortuna del conjunto que conforma esta postura gira alrededor del comportamiento que asuma finalmente el ELN. Dentro de esta organización se puede considerar la existencia de tres posiciones: la línea dura o radical, la línea negociadora y la línea mediadora o expectante.

La denominada línea dura o radical la lidera el Frente Domingo Laín, surgido en los años ochenta del movimiento campesino colonizador –conformado por pequeños y medianos finqueros-, asentados en el piedemonte llanero araucano, casanareño y boyacense, en frontera con Venezuela, y potenciado por el auge petrolero, a raíz del descubrimiento del campo petrolero de Caño Limón por parte de la Occidental (OXY) en 1983. El grupo surge independiente de la matriz que en ese momento conforma al ELN, y que su Dirección Nacional reconoce posteriormente, de esa forma entró a formar parte oficial de la organización, pero operando con relativa autonomía. En su propia dirección se puede reconocer la existencia de dos generaciones, la primera la fundacional, conformada por la dirigencia campesina ligada a la ANUC, curtida en la lucha colonizadora, con fuerte raigambre social y capacidad organizativa popular -que representa su mayor fortaleza. La segunda, que emerge de los jóvenes campesinos y nuevos incorporados urbanos -con un mayor grado de instrucción escolar- durante el proceso de implantación del proyecto, y, que, a mediados de los años noventa, reemplaza la fundacional. Se puede considerar que les asiste el interés de ganar mayor autonomía frente a la Dirección Nacional, sustentada en su capacidad económica, su base social, la geografía -incluida la frontera con Venezuela- su conocimiento de la historia de la región, ideal para su operatividad táctica militar local; como el distanciamiento geográfico de la Dirección Nacional, que les permite obrar con mayor cuenta propia.  En el siglo XXI el auge del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y  las dificultades que presenta el conjunto de la organización en el resto del país, -que ve adelgazada su militancia en los niveles sociales  y restringida en su actividad geográfica-,   les alienta hacer presencia más allá de sus fronteras, apoyando e incidiendo en el devenir del resto de  la organización, y haciendo eco de sus propios éxitos  en otras latitudes -incluyendo la zonas urbanas-; contando con el aval tácito de una Dirección Nacional que la considera acorde con  su pragmatismo funcional. De igual manera el proceso de negociación de las Farc-EP, -con quienes tuvieron confrontaciones militares que pusieron en vilo a sus organizaciones sociales, que sufrieron su impacto-, al tiempo que les facilita su ejercicio y expansión hegemónica regional, les da elementos para creerse que sus principios políticos son más válidos que nunca. Son principios del más ortodoxo marxismo-leninismo proposicionados en sentencias como que “la religión es el opio de los pueblos”, el “que escruta elige”, “la violencia es la partera de la historia”, y/o “que las masas hacen la historia”, entre otros, condensados en la eterna consigna axiomática de: NI Un Paso Atrás Liberación o Muerte (NUPALOM), tiene raigambre entre connotados de su dirigencia nacional y locales, que terminan conformando este núcleo duro o radical de esta postura jacobina. Esas proposiciones, dicho sea de paso,  hacen ruido con sus mismas prácticas, pues sus bases campesinas no dejan de ser religiosas, para nadie es un secreto que de una u otra manera participan en los procesos electorales regionales, su ejercicio de la fuerza militar se mantiene en el sabotaje guerrillero sin dar paso a acciones de mayor calado que contribuyan al desarrollo del consenso entre el grueso de la población colombiana y, respecto a la participación de las masas, estas deben acatar, las decisiones de la dirección, en consecuencia con el credo partidista leninista del centralismo democrático.      

Por su parte, la línea negociadora o blanda se corresponde con la tendencia que de marras acompaña al proceso histórico de esa organización, identificada por ella misma como El Replanteamiento. Una posición que cada diez año emerge en su seno para poner en consideración la necesidad de cambios en sus principios o creencias políticas y, en consecuencia, en su accionar político-militar. Estos replanteamientos que obran como un fucú para su dirigencia, en su momento parecen indicarle la necesidad de ponerse acorde con el espíritu político de cada una de sus épocas, pero cuyo acertijo su dirección no ha podido descifrar. Esos Replanteamientos han hecho hincapié en la necesidad de priorizar el factor político de una organización que se autodefine como Político-militar, -a la usanza de su referente el movimiento 26 de julio de Cuba-, y que obliga a la militancia a ser consecuente con ese hibrido que, en aras de un comportamiento integral, impide la especialización de sus actividades. Un tipo de organización político-militar que se constituye en otro de sus principios, y que a su interior es innegociable, porque de lo contrario significaría la desaparición de su razón de ser. Eso explica el ajusticiamiento –por traición- que le dieron en los años setenta a la emergencia del primer Replanteamiento, como igualmente, a mediados de los años ochenta, al intento del Frente Amplio del Magdalena Medio (FAM), o a mediados de los noventa la emergencia de la disidencia de la Corriente de Renovación Socialista, esta vez sin recurrir al ajusticiamiento, que no deja de significar un avance en su tratamiento.  En ese sentido tal parece que 20 años después, se vislumbra nuevamente la posibilidad de que yazga latente a su interior -alrededor del proceso de negociación-, el espectro del Replanteamiento, cuando más como una opinión suelta, sin capacidad de incidir al no contar con músculo político o militar que la legitime a su interior o la legalice en el exterior.  Una opinión identificada en la práctica con la línea mediadora o expectante.  

La línea mediadora o expectante, es una opción que se presenta prudente ante el proceso de negociación, cuya decisión se haya condicionada por los acontecimientos internos de la organización y su historia, y externos del proceso de las FARC y del régimen socio político. Esta posición tiene nombre propio al interior de la organización: su máximo dirigente Nicolás Rodríguez Bautista.  Gabino, como se le conoce en el trajín guerrillero, encarna el drama y destino del conjunto de la organización y cuyo sino histórico lo asemeja a esos personajes trágicos griegos, que en este momento se encuentra como Prometeo: encadenado; esto, porque muy seguramente hace rato ha concebido la necesidad de darle una salida negociada al conflicto, pero su condición de dirigente máximo de una organización en donde se impone el núcleo duro antinegociación le impide asumir sus propias convicciones, como que sea víctima de destinos ajenos. Una situación que recuerda de alguna forma a Nelson Mandela una vez liberado y en proceso de negociación[1]. Gabino, que es el último de los pioneros Elenos que se mantiene en actividad, carga sobre sus hombres el drama de esa organización una vez su mito fundacional, -que había levantado la consigna NUPALON-, sale del país a raíz de la derrota en Anorí en 1973, para no regresar en su consecuencia. Para entonces Gabino cuenta con 23 años, con una experiencia guerrillera de 8 años, unas raíces culturales campesinas santandereanas y un patrimonio político de corte partidista liberal - que en criterio del psicoanálisis, marcan nuestra razón vital-.  Con una inteligencia enraizada en los alcances que propicia el sentido común, una vida militante práctica y una fuerte voluntad autodidacta, tiene que foguear desde entonces los bemoles de la organización, casi que de forma única a partir de 1998 a raíz de la muerte de otros de sus históricos el cura Manuel Pérez; en medio de su afectación por la salida del grupo de la Corriente  en 1994, el adelgazamiento de su militancia y sus estructuras, sus dificultades de financiación, y la fuerte  influencia a su interior del núcleo duro. ¡Una tenaz encrucijada para sortear!, por demás aliñada con la encrucijada civilizatoria en que se debate el país y el mundo. Innegable que se encuentra ante un particular dilema del prisionero, nada fácil por cierto, pues si asume jugarse la fortuna al proceso de paz corre el riego de ser enjuiciado como Replanteamiento y por lo mismo considerado por su misma organización como traidor del proceso. Si por cualquier condición él desaparece del escenario, la organización cae presa de la dispersión y en consecuencia se desvanece definitivamente como una opción politica patrimonio del país, -situación de por sí repetida en la historia del mundo-, que se nos ocurre considerar como el peor escenario, Si se mantiene en la expectativa a la espera que el tiempo histórico  por sí mismo le dé la razón, asiste a la nueva versión garciamarquiana  del General en su Laberinto, de haber arado en el mar.       

Consideramos que en la ciencia y con más razón en la ciencia y el arte de la política, el rigor lógico y/o teórico de los principios o proposiciones no son suficientes para su validación, pues han de ser corroboradas en la práctica real, que determina su fuerza explicativa y predictiva.  Señalaba Gramsci que el analista político no puede caer en el objetivismo o el subjetivismo pues en el primer caso se hundiría en el dogmatismo y en el segundo en el voluntarismo, que serían fatales a la hora de tomar decisiones. El secreto reside en el análisis permanente de las correlaciones de fuerza internas y externas, y en la reinterpretación permanente de los factores históricos y materiales, un documento incontrovertible de razón necesaria pero no suficiente. Como que la genialidad del líder reside en su capacidad para decidir de manera acertada ante la inminente incertidumbre o azar que   acompaña la emergencia de los acontecimientos. Un análisis del momento actual, que llevaba a Lenin a actualizar la consigna para hacer efectivo el ejercicio de la hegemonía, es decir, para conducir correctamente las tropas. Como que el arte de la ciencia politica consiste en levantar la consigna de acción del momento, o el significante vacio al decir de Laclau, que mantenga viva y eficaz la acción politica –pues eso es precisamente la politica. En ese sentido nos resulta significativo que las organizaciones guerrilleras tradicionales colombianas mantuvieran fosilizadas sus consignas durante más de cincuenta años –y en consecuencia su accionar-, ajenas a las correlaciones de fuerza del país y el mundo; como si la politica real, la más aleatoria de todas las actividades humanas, fuera un documento incontrovertible o, como si el mundo no cambiara.

Podemos señalar que esta postura jacobina se mueve entre dos apuestas, ambas con alto riesgo político para la supervivencia de la organización que la representa. La primera, mantenerse en la continuidad del conflicto de acuerdo con los presupuestos de la línea radical, y la segunda, arriesgar su patrimonio en un proceso de negociación por parte de la línea mediadora. Su desenlace depende de la lectura que hagan del momento actual y en consecuencia de la validación de sus consignas.  El mismo impele tres posibles escenarios: 1. Que se imponga la línea radical, 2. Que se haga viable la línea negociadora y/o 3. Que el ELN asista a un nuevo Replanteamiento. De imponerse alguno de los dos primeros, muy seguramente lo llevará a asistir lentamente a sus propios funerales históricos, ya sea como producto de una derrota político-militar ante el poder del Estado, -de por sí fortalecido con la negociación con las FARC- y agenciado a partir del 2018 por un gobierno gatopardista; o por el adelgazamiento que genere un nuevo Replanteamiento, -muy seguramente el último-. La opción negociadora es la menos posible, salvo un sorprendente cambio de tercio.

En ese sentido se nos antoja considerar, que  los signos de los aires de Quito indican  para el ELN una ventana de oportunidad para el despliegue de su táctica eterna, es decir, como un escenario ideal para validar ante el mundo y la sociedad colombiana la vigencia de sus principios y ganar su consenso, a partir del cual pueden “asaltar el cielo con las manos”, es decir tomar el poder por la vía insurreccionalista- otro de sus principios-, a raíz del despliegue del poder popular que va a surgir de las asambleas participativas, su principal punto de negociación. Un presupuesto que aunque suena lógico, en el momento actual, es poco real.

A esta postura y concretamente al ELN, como diría José Martí, ¡le llegó la hora de los hornos!   

La Líquida Variopinta. No es propiamente una puesta sino una actitud desagregada, individualizada, escéptica y puntual, generalizada en el mundo, consecuente con el espíritu líquido de la época. Se presenta como la crítica más evidente a las limitaciones de la democracia liberal, pero que al mismo tiempo oxigena su vigencia. Sus individualidades que, cuando más, obran en montonera, se confiesan en su mayoría apolíticas y toman partido   en las jornadas electorales de acuerdo al mejor postor que impacte las necesidades de su inmediatez. Su espectro es bastante amplio entre clases, sectores y estratos  sociales; en Colombia por ejemplo  cobija cerca del 60% de la población, yendo desde los abstencionistas[2] hasta los votantes en blanco[3], pasando por el conocido voto de opinión[4] que durante las épocas electorales se convierte en objetivo clave de los diversos aspirantes que luchan por  contar con su favor debido al paradójico poder de decisión que tienen y, por lo tanto, de hipotecar -para bien o para mal- el destino político del país. Ese poder tácito los hace objeto de las más variadas prácticas de persuasión, desde las legítimas como la retórica del líder y la propaganda de los diversos medios de comunicación, hasta las ilícitas pero más efectivas como la compra del voto y consabidas prácticas clientelares. De cara a los posacuerdos y por efectos padecidos durante el conflicto un número significativo de esta variopinta entra a tomar partido por la línea dura gatopardista.

En perspectiva de los posacuerdos esta actitud se constituye en un reto para la consolidación de la democracia, pues el grado y calidad de su participación puede servir de termómetro para medir el logro del proceso.   

Los posacuerdos: prospectiva hacia el 2025.

Nos arriesgamos a prospectar que para el 2025 el conflicto armado colombiano formará parte de nuestra historia, pues su eclipse nos resulta histórica y políticamente un acontecer irreversible, al igual que los remanentes frentenacionalistas.

Podemos señalar igualmente que nuestras generaciones por venir o del posconflicto, se pueden dar por bien servidas si junto al fin de ese conflicto se clausura, el régimen político frentenacionalista, matriz histórica del mismo. Esto significa, que no tendrán el lastre de los dos partidos tradicionales y sus improntas monopolística y excluyente de la vida política, socioeconómica y cultural del país, pues pasarán igualmente al cuarto de San Alejo.  Obligatoriamente el nuevo sistema político que vaya emergiendo tendrá que abrir las puertas a la participación politica y al despliegue de las reformas democráticas liberales, que el conflicto mismo impedía consolidarse, como la reforma agraria y la laicización de sus valores, entre otros.      

Muy seguramente para el 2025, se decante el desmadre de empresas electorales que hoy campean a lo largo del país, producto de la diáspora emergida desde los noventa a raíz de la crisis del monopolio bipartidista. Por eso es probable que nuestro acontecer político se enrumbe por los caminos que ha tomado el mundo y América Latina,  que se debaten cada vez más entre las opciones de izquierda y de derecha; posturas que se van cualificando de acuerdo al espíritu de la época y en correspondencia con los retos que deben afrontar ante el problema ambiental y la sobrevivencia de la especie,  la desigualdad socioeconómica cada vez más pronunciada, y la consolidación de los estados de derechos de género, generacionales, étnicos y de la misma naturaleza, entre otros. En medio de una traviesa de nacionalismos de rancio tufillo fascista, que en el caso colombiano mantendrá su violencia criminal contra el proceso de paz, la democracia y sus líderes sociales, amparado en las economías ilegales como el narcotráfico. La lucha contra esta enfermedad social será una línea de acción obligada a resolver por el nuevo sistema político y sus respectivos gobiernos, que muy seguramente tendrán que apuntarse a su legalización de acuerdo con las demás naciones, pero que persiste muy seguramente debida al modelo económico productivo en que se sostiene la economía del país, basada en el extractivismo del más variado tipo legal e ilegal, y del cual la mayoría parecerse lucrarse,  en particular los sectores y regiones más abandonadas por el Estado.                    

De cara a las elecciones del 2018, cruciales para el proceso de los posacuerdos, sus resultados pueden llevar a la presidencia al representante de las fuerzas políticas que se resisten abandonar totalmente las creencias y valores del pasado frentenacionalista. Pues es difícil pasar por alto el hecho que su candidato sea nieto de quien propició la continuidad del gobierno del Frente Nacional en 1970 declarando ganador –en un proceso electoral fraudulento-, al conservador Misael Pastrana, padre de Andrés Pastrana crítico del proceso de paz liderado por Santos, y aliado del senador Uribe y su Centro Democrático. A su vez, el Presidente Santos oficia de protector del candidato Vargas Lleras, quien parece verse obligado a hacer pacto con el senador Uribe si pretende el solio presidencial. Su triunfo puede resultarle pírrico al avance de los acuerdos.   

Pero igualmente juega la posibilidad de un gobierno de transición en cabeza de quien represente al arco iris de opciones políticas que se mueven entre la izquierda y el centro, comprometidas con el proceso de paz en su conjunto y lo que ella implica. Su única posibilidad depende del compromiso serio que asuman sus candidatos presidenciables con el futuro del país, es decir, de su particular inteligencia para hacer la lectura del momento político y definir la estrategia correcta. Como que la esperanza de empezar a construir un mejor país para los excluidos depende de la humildad de quienes dicen representarlos, y de su capacidad intelectual, politica y moral para conformar una coalición que propicie insistir en lo que los une y prescindir de lo que los separa. Una decisión histórica que le podría brindar al país la oportunidad de vivir nuevos y   mejores conflictos a partir del siglo XXI.   

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[1] “Estaba al corriente de que en años anteriores algunos de los hombres que habían sido liberados habían viajado hasta Lusaka para decir en voz baja “Madiba se ha ablandado. Se ha vendido a las autoridades. Lleva traje de tres piezas, bebe vino y come bien”. Conocía aquellas murmuraciones, y tenía intención de refutarlas” (Mandela, 2016, pág. 592)

[2] En Colombia “De los 32,7 millones de personas llamadas a ejercer su derecho al voto, únicamente 14,3 millones fueron a la convocatoria, evidenciando una vez más el preocupante escenario político en el cual el 58,9% de los colombianos se ha desentendido de su deber como ciudadanos. Al comparar las cifras actuales con las pasadas; el año 2010 con 50%  y el 2006 con 54,9% de abstención, se puede catalogar el abstencionismo como un patrón político que según la revista Semana ha sido tradición desde 1958 y que actualmente representa la tasa de abstención más elevada desde hace cuatro años”. (Tabares, 2018)

[3] En cuanto al voto en blanco, la proporción se mantuvo prácticamente intacta. En la elección de alcaldes pasó del 3,87 por ciento en el 2011 a 3,79 ayer. Y en la de gobernadores, de 7,96 a 7,92 por ciento,

Los votos en blanco en la elección de gobernadores (cerca de 1,2 millones) superaron los alcanzados por la mayoría de los partidos políticos, con excepción de ‘la U’ (1,6 millones) y el Liberal (1,3 millones).

Y los votos en blanco en los comicios para elegir alcaldes (más de 720.000) superaban los alcanzados por los partidos Opción Ciudadana, Polo Democrático Alternativo (en alianza con la Unión Patriótica y el Mais) y Alianza Verde. (EL Tiempo., 2015)

[4] Para la analista política Laura Wills, el de opinión “es un voto suelto. Lo ejercen ciudadanos que no están comprometidos con un candidato o un color político y no son consistentes de una elección a la otra. Se da sobre todo en las ciudades, porque allí convergen ciudadanos de distintos orígenes y realidades, con menos posibilidad de que se les restrinja su libertad de elegir. Es un voto más moderno”. (Revista Semana , 2014)